Introducción a la Ley 1178 y los Sistemas de Administración y Control en la Gestión Pública
En el ámbito del servicio público, comprender la gestión de la administración pública es fundamental para garantizar una administración eficiente y responsable de los recursos públicos. En este sentido, la Ley 1178 se erige como un pilar esencial, estableciendo un modelo de administración por resultados que orienta la gestión pública en Bolivia.
¿Qué es la Ley 1178?
Aprobada el 20 de julio de 1990, la Ley 1178 es un modelo de administración pública basado en la consecución de objetivos y resultados concretos. Su esencia radica en proporcionar un marco normativo que guía la administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. Para lograr esto, la ley establece ocho sistemas de administración y control gubernamentales que se interrelacionan entre sí y se articulan con el Sistema de Planificación Integral del Estado, regulado por la Ley 777 de 2016, considerado un supra sistema que da lineamientos estratégicos.
Además, la Ley 1178 incorpora un régimen de responsabilidad para los servidores públicos, abarcando responsabilidades administrativa, ejecutiva, civil y penal. Esto implica que cada servidor público es responsable no solo por sus acciones, sino también por omisiones en el cumplimiento de sus funciones.
Finalidades Clave de la Ley 1178
La ley tiene cuatro finalidades principales, definidas en el artículo 1º:
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Administrar eficientemente los recursos públicos: Garantizar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos estatales para maximizar su impacto.
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Disponer de información útil, oportuna y confiable: Promover la transparencia mediante la generación de información contable y financiera que facilite la toma de decisiones informadas.
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Asumir plena responsabilidad por actos y omisiones: Establecer un régimen claro donde los servidores públicos respondan por la forma, los objetivos y, especialmente, los resultados de su gestión.
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Desarrollar la capacidad administrativa: Fortalecer las instituciones públicas para mejorar la calidad y eficiencia en la gestión estatal.
Ámbito de Aplicación
La Ley 1178 se aplica a todas las entidades del sector público, especialmente aquellas del órgano ejecutivo, así como a las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral. También alcanza a organizaciones donde el Estado posee la mayoría del patrimonio y a todas las personas o entidades que reciben recursos públicos, subsidios, subvenciones o prestan servicios no sujetos a libre competencia, quienes están obligados a rendir cuentas sobre el uso de dichos recursos.
Los Sistemas de Administración y Control
La ley contempla ocho sistemas que se agrupan en tres categorías principales, los cuales, junto con el Sistema de Planificación Integral del Estado, conforman el entramado para una gestión pública sistémica y coherente:
- Sistemas para programar y organizar:
- Sistema de Programación de Operaciones
- Sistema de Organización Administrativa
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Sistema de Presupuesto
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Sistemas para ejecutar operaciones:
- Sistema de Administración de Personal
- Sistema de Administración de Bienes y Servicios
- Sistema de Tesorería y Crédito Público
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Sistema de Contabilidad Integral
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Sistema para controlar:
- Sistema de Control Gubernamental
Estos sistemas están interrelacionados y son supervisados por tres órganos rectores:
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Responsable de los siete primeros sistemas (programación, organización y ejecución).
- Contraloría General del Estado: Órgano rector del sistema de control gubernamental.
- Ministerio de Planificación del Desarrollo: Órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado.
Atribuciones de los Órganos Rectores
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1178, los órganos rectores tienen cuatro atribuciones fundamentales:
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Emitir normas y reglamentos básicos: Establecer las directrices generales que regulan cada sistema para todo el sector público.
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Definir plazos y condiciones para reglamentos específicos: Orientar a las entidades públicas en la elaboración de reglamentos adaptados a sus características particulares.
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Compatibilizar y evaluar reglamentos específicos: Revisar que los reglamentos internos de cada entidad sean coherentes con las normas básicas y evaluar su contenido para asegurar su adecuación.
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Vigilar la implantación y funcionamiento de los sistemas: Supervisar que las entidades públicas implementen correctamente los sistemas y cumplan con la ley.
Es importante destacar que la aprobación final de los reglamentos específicos corresponde a cada entidad pública, dado que son quienes mejor conocen sus procesos y necesidades.
Marco Normativo y Desafíos Actuales
La Ley 1178 se fundamenta en la Constitución Política del Estado, aunque fue aprobada antes de la Constitución vigente de 2009. Esto genera un desafío para la administración pública: la necesidad de actualizar la ley para que responda plenamente a los principios y disposiciones constitucionales actuales, manteniendo el modelo por resultados pero adaptándolo al contexto contemporáneo.
La pirámide normativa, basada en la teoría de Kelsen, establece que la Constitución es la norma suprema, seguida por las leyes, normas básicas y reglamentos específicos. Por ello, la alineación entre estos niveles es crucial para una gestión pública coherente y eficaz.
Responsabilidad en la Implantación
La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad es responsable de la implantación de la Ley 1178 y los sistemas que esta establece. El incumplimiento puede acarrear responsabilidades ejecutivas, por lo que es indispensable un compromiso firme con la correcta implementación de las normativas.
Conclusión
La Ley 1178 constituye un marco esencial para la gestión pública en Bolivia, orientando la administración de los recursos estatales hacia la eficiencia, transparencia, responsabilidad y desarrollo institucional. La integración de sus ocho sistemas de administración y control, junto con el Sistema de Planificación Integral del Estado, permite un enfoque sistémico que busca resultados concretos y medibles.
Para los servidores públicos y autoridades, entender y aplicar esta ley es un compromiso ineludible que garantiza el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la sociedad.
Este es un resumen introductorio a la Ley 1178 y sus sistemas de administración y control. En futuras entregas se analizarán con mayor detalle cada uno de los sistemas para profundizar en su funcionamiento y aplicación práctica. ¡Sigue atento para continuar aprendiendo sobre este fascinante tema!